Compañeros les mando lo siguiente:


CARTA ABIERTA AL

LIC ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR

PRESIDENTE LEGÍTIMO DE LOS MEXICANOS



Señor presidente legítimo: Los Jóvenes del Movimiento Juvenil Larouchista de México le saludamos y le decimos lo siguiente:



Como quedo demostrado el pasado 7 de noviembre en las elecciones intermedias de los Estados Unidos, un puñado de jóvenes de nuestro movimiento pudo generar una movilización de cientos de miles de jóvenes que a la postre daría el triunfo a los demócratas y la derrota de la maquinaria neoconservadora y su política de guerra y depresión económica. Esto comprobó que cuando la población, especialmente los jóvenes, somos convocados a grandes ideas sabemos responder y movilizarnos.



En este momento en que es evidente el intento del enemigo neoconservador trasnacional y su títere mexicano están tratando de acorralarlo, de dividir al movimiento que usted encabeza y promover la traición entre quienes lo rodean. Para enfrentar esta ofensiva de nuestro enemigo común le pedimos que desoiga los consejos de los políticos pragmáticos y rastreros; estos se encuentran principalmente entre los de la llamada "generación del 68", quienes fueron victimas de un lavado cerebral en masa, que les adoctrinó en contra de las políticas proteccionistas y pro-industriales que representaban la tradición de Roosevelt y aquí en México la del gral. Lázaro Cárdenas, es decir: la tradición política del Estado como garante del bienestar general.



Tome en cuenta, que asi como en los Estados Unidos regresa el espíritu de FD Roosevelt, en Sudamérica el 70 % de las naciones caminan hacia la integración económica y al abandono de la dictadura financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI). Antes, el 1 de junio del 2006, Usted se pronunció a favor de la "solución argentina" al problema de la deuda y el crecimiento económico.



Hoy le pedimos una lectura cuidadosa del discurso de toma de posesión del flamante Presidente de la hermana Republica de Ecuador, Rafael Correa. Correa, como Néstor Kirchner han demostrado que para vencer al enemigo sinarquista hay que denunciarlo por nombre, este enemigo común de las repúblicas soberanas y de sus pueblos no es otro que los poderes financieros del liberalismo angloholandés que se parapetan detrás del FMI, el sistema de bancos centrales, los bancos comerciales e importante sus lacayos y peleles en nuestros países. La idea de la "nueva política" que ha definido el economista Lyndon H Larouche es precisamente la de movilizar a la población en torno a las grandes ideas y los conceptos profundos acerca del hombre, la sociedad y del universo.

Ningún otro enfoque funcionará. Le demandamos con respeto retomar este nivel de discusión.

Como jóvenes, nos ponemos a sus órdenes y le decimos que no lo vamos a traicionar ya que de esto depende nuestro futuro.



ATTE



Movimiento Juvenil Larouchista de México que somos todos Delegados de la Convención Nacional Democrática, y fundadores del Gobierno Legitimo.









Anexamos Discurso del Presidente Rafael Correa.





"………No habrá solución integral al problema de la deuda mientras no haya reformas a la arquitectura financiera internacional, por lo que es necesaria una acción concertada de los países deudores para redefinir el criterio de sustentabilidad del servicio de la deuda…….."









Queridos Compatriotas:



Hace ya más de 50 años, cuando nuestro país estaba devastado por la guerra y el caos, el gran Benjamín Carrión expresaba la necesidad de volver a tener Patria. Esta frase fue la inspiración de un puñado de ciudadanos que decidimos liberarnos de los grupos que han mantenido secuestrada a la Patria, y así emprender la lucha por una Revolución Ciudadana, consistente en el cambio radical, profundo y rápido del sistema político, económico y social vigente, sistema perverso que ha destruido nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad.
De esta forma empezamos esta cruzada llamada Alianza PAIS, más que con un lema de campaña, con una esperanza: la Patria Vuelve , y, con ella, vuelve el trabajo, vuelve la justicia, vuelven los millones de hermanos y hermanas expulsados de su propia tierra en esa tragedia nacional llamada migración.

Esta esperanza de unos cuantos se expandió cual fuego en pajonal, y se convirtió en la esperanza y decisión de todos los ecuatorianos que, en Noviembre 26 del 2006, escribieron una gesta heroica en el país y empezaron una nueva historia. Hoy, LA PATRIA YA ES DE TODOS.
Sin embargo, la lucha recién empieza. Noviembre 26 no fue un punto de llegada, fue un punto de partida, La Revolución Ciudadana recién se ha iniciado y nadie la podrá parar, mientras tengamos a un pueblo unido y decidido a cambiar.

EJE I.- REVOLUCION CONSTITUCIONAL

El primer eje de esa revolución ciudadana es la revolución constitucional. El mandato de la ciudadanía fue claro: queremos una transformación profunda, nuestras clases dirigentes han fracasado, queremos una democracia donde se oiga nuestra voz, donde nuestros representantes entiendan que son nuestros mandatarios, y que los ciudadanos somos sus mandantes.

La institucionalidad política del Ecuador ha colapsado, algunas veces por su diseño anacrónico y caduco, otras por las garras de la corrupción y las voracidades políticas. El reparto que refleja la Constitución vigente, a través de la politización de autoridades de control, tribunales, etc., ha desestabilizado e inmovilizado al país. El Congreso Nacional, supuestamente máxima expresión de la democracia representativa, no es percibido por la ciudadanía como su representante. Por el contrario, su pérdida de credibilidad refleja el desencanto de millones de hombres y mujeres que ansían un cambio. Las reformas anheladas no pueden limitarse a maquillajes. América Latina y el Ecuador no están viviendo una época de cambios, están viviendo un verdadero cambio de época. El momento histórico de la Patria y de toda el continente, exige una nueva Constitución que prepare al país para el Siglo XXI, una vez superado el dogma neoliberal y las democracias de plastilina que sometieron personas, vidas y sociedades a las entelequias del mercado.

El instrumento fundamental para este cambio es la Asamblea Nacional Constituyente. En pocos minutos más, cumpliendo el mandato que el pueblo ecuatoriano me entregara el 26 de Noviembre pasado, y en uso de las atribuciones que la actual Constitución Política del Estado me confiere, convocaré a la consulta popular para que el soberano, el pueblo ecuatoriano, ordene o niegue esa Asamblea Nacional Constituyente de plenos poderes que busque superar el bloqueo político, económico y social en el que el país se encuentra.

Gracias al respaldo mayoritario a nuestra propuesta de transformación, las resistencias de algunas fuerzas políticas tradicionales han dado paso a un consenso de aceptación a nuestro proyecto, sin que haya mediado para ello ningún acuerdo oscuro o subterráneo. No negociaré con nadie la dignidad de la Patria. La Patria ya no está en venta. El oprobio del pasado histórico, con la venta de la bandera o pactos que canjeaban votos por prebendas, ha terminado para siempre.

EJE II.- LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
El segundo eje de la revolución ciudadana es la lucha contra la corrupción, mal enraizado en nuestra sociedad, pero también exacerbado por modelos, políticas y doctrinas que ensalzaron el egoísmo, la competencia y la avaricia como el motor del desarrollo social.

Estas aberraciones también tuvieron fuertes efectos en la seguridad ciudadana y en los niveles de violencia, no solo por la inequidad y pauperización que las políticas aplicadas en los últimos años han generado, sino también porque si la competencia es buena en lo económico, ¿por qué no también competir en las calles? Para esa lucha contra la corrupción hemos buscado y seguimos buscando los mejores hombres y mujeres que con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la Patria, dirijan las diferentes instituciones del Estado, y, desde ahí, con todo el respaldo político de la Presidencia de la República, eliminen, con su ejemplo y su consagración ciudadana, este nefasto mal.

De igual manera, se mejorará la información del sector público, con proyectos como el gobierno electrónico, para que los ciudadanos puedan saber en qué se utilizan sus dineros, comparar precios unitarios de las compras públicas, etc. Endureceremos leyes que impidan la corrupción, como la Ley de Enriquecimiento Ilícito, y se la extenderá al sector privado, que también deberá justificar de dónde proviene su riqueza. Sin embargo, la lucha contra la corrupción debe ser la lucha de todo un pueblo, por lo que se organizarán veedurías ciudadanas en las instituciones susceptibles a la corrupción.

El perdón y olvido a nivel social, se llama impunidad, por lo que jamás olvidaremos los crímenes de los banqueros corruptos que nos quebraron, los atentados contra los derechos humanos, y otros tantos delitos y atracos aún sin sancionar.

Por otro lado, hay varias formas de corrupción, desde lucrar con dineros del Estado, hasta la evasión de impuestos, pasando por comportamientos, estructuras y, paradójicamente, leyes corruptas.

¿Acaso no fue corrupción los 18 jubilados muertos que tuvimos en el 2003 cuando pidieron por cerca de 2 meses un incremento de sus míseras pensiones? No los olvidamos, compañeros jubilados. ¿Acaso no fue corrupción el canje de deuda del año 2000, que explícitamente buscó mejorar el precio de los bonos en beneficio de los acreedores, mientras que el país estaba destruido? ¿Acaso no es corrupción la existencia de bancos centrales completamente autónomos, cuya opulencia es un insulto a la pobreza de nuestra gente, y que, además, no responden a controles democráticos, pero sí a burocracias internacionales? ¿Acaso no fue corrupción la Ley de Garantía de Depósitos, impuesta por el poder político de los banqueros, que obligó al Estado a garantizar el 100% de los depósitos bancarios, sin límites de monto, días antes de la quiebra generalizada de los bancos? Todo esto nos llevó a la dolarización de la economía, cuando en 1999 el Banco Central triplicó la emisión monetaria para el salvataje bancario . Hoy, ya no tenemos moneda nacional, no está más la simbología heroica del Mariscal de Ayacucho, pero los culpables de esta destrucción, la banca y el Banco Central, están más prósperos que nunca.

¿Acaso no es corrupción la existencia de leyes absurdas como la Ley de Transparencia Fiscal, que limita cualquier gasto, menos el servicio de la deuda?.

¿Acaso no fue corrupción esa barbaridad llamada Fondo de Estabilización, Inversión y Reducción del Endeudamiento Público –el tristemente célebre FEIREP- que con los recursos de la nueva extracción petrolera garantizaba el pago de deuda y recompraba ésta en forma anticipada y pre anunciada? De esta forma, nos han robado nuestro dinero, nuestros recursos naturales, nuestra soberanía… Pese a que la mayoría de estos hechos, por haber estado amparados en leyes corruptas, quedarán en la impunidad, el 26 de Noviembre del 2006 el pueblo ecuatoriano ya condenó a sus autores y actores al basurero de la historia.

Eje III Revolución Económica.

La política económica seguida por Ecuador desde finales de los ochenta se enmarcó fielmente en el paradigma de desarrollo dominante en América Latina, llamado "neoliberalismo", con las inconsistencias propias de la corrupción, necesidad de mantener la subordinación económica y exigencia de servir la deuda externa . Todo este recetario de políticas obedeció al llamado "Consenso de Washington", supuesto consenso en el que, para vergüenza de América Latina, ni siquiera participamos los latinoamericanos. Sin embargo, dichas "políticas" no fueron solo impuestas, sino también agenciosamente aplaudidas, sin reflexión alguna, por nuestras élites y tecnocracias.

Los resultados de estas políticas están a la vista, y después de quince años de aplicación, las consecuencias han sido desastrosas. El Ecuador apenas ha crecido en términos per cápita en los últimos tres lustros, la inequidad ha aumentado, y el desempleo se ha duplicado con relación a las cifras de inicios de los noventa, pese a la masiva emigración de compatriotas ocurrida en los últimos años.

Se llegó al absurdo de defender como "prudentes" políticas que destruyeron empleo, como aquellas aplicadas en los años 2003-2004. El dogmatismo fue tan grande, que se llamó "populismo" a cualquier cosa que no entendiera el dogmatismo neoliberal. Por el contrario, cualquier cantinflada en función del mercado y del capital, se la asumió como "técnica", en un verdadero "populismo del capital". Recordemos a manera de ejemplos, los bancos centrales autónomos y sin control democrático, el simplismo del libre comercio, las privatizaciones, la dolarización y tantas otras barbaridades.

Estas políticas han podido mantenerse sobre la base de engaños y actitudes antidemocráticas por parte de los beneficiarios de las mismas, con total respaldo de organismos multilaterales, los cuales disfrazaron de ciencia a una simple ideología, y cuyas supuestas investigaciones científicas se acercaron más a multimillonarias campañas de marketing ideológico que a trabajos académicos. Estos organismos también se convirtieron en representantes de los acreedores y en brazos ejecutores de la política exterior de determinados países, por lo que, además del fracaso económico, también se ha mermado la soberanía y representatividad del sistema democrático, siendo ésta una de las principales fuentes de ingobernabilidad en el país, incomprensible para la tecnocracia.

Felizmente, como decía el General Eloy Alfaro, la hora más oscura es la más próxima a la aurora, y el nefasto ciclo neoliberal ha sido definitivamente superado por los pueblos de nuestra América, como lo demuestran los procesos de Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Chile, Nicaragua y ahora Ecuador.

De esta forma, la nueva conducción económica del Ecuador priorizará una política digna y soberana, es decir, más que liberar mercados, liberar al país de los atavismos y poderosos intereses nacionales e internacionales que lo dominan; con una clara opción preferencial por los más pobres y postergados; y priorizando al ser humano sobre el capital.

Sin embargo, Ecuador y Latinoamérica deben buscar no solo una nueva estrategia, sino también una nueva concepción de desarrollo, que no refleje únicamente percepciones, experiencias e intereses de grupos y países dominantes; que no someta sociedades, vidas y personas a la entelequia del mercado; donde el Estado, la planificación y la acción colectiva recuperen su papel esencial para el progreso; donde se preserven activos intangibles pero fundamentales como el capital social; y donde las aparentes exigencias de la economía, no sean excluyentes y, peor aún, antagónicas del desarrollo social.

Política soberana de endeudamiento y manejo de la deuda pública.
Con respecto a la deuda externa, uno de los principales desafíos del Ecuador es vencer la cultura de endeudamiento que hemos adquirido a través de los años, y que nos ha llevado a una situación de sobre endeudamiento altamente costosa para el país.

Con la nueva política de endeudamiento el país deberá utilizar tanto ahorro interno cuanto sea posible, y solo endeudarse cuando sea estrictamente indispensable. Para ello, se redefinirá la política de endeudamiento con los organismos multilaterales y gobiernos, y los préstamos externos se usarán fundamentalmente para inversiones productivas que generen flujo de divisas para pagar los préstamos, mientras que los proyectos sociales se financiarían con recursos propios.

Sin embargo, no habrá solución integral al problema de la deuda mientras no haya reformas a la arquitectura financiera internacional, por lo que es necesaria una acción concertada de los países deudores para redefinir el criterio de sustentabilidad del servicio de la deuda, determinar la deuda externa ilegítima, así como promover la creación de un Tribunal Internacional de Arbitraje de Deuda Soberana . Desde un punto netamente financiero, la sustentabilidad del servicio de la deuda significa todo lo que un país pueda pagar sin comprometer flujos financieros futuros, independientemente de los niveles de bienestar al que someta a su población . Un criterio de sustentabilidad adecuadamente definido debe considerar implicaciones de bienestar, como por ejemplo, el servicio de deuda que permita a los países endeudados alcanzar las Metas del Milenio. Por otro lado, existe deuda externa ilegítima, adquirida en situaciones dudosas, que no se utilizó para los fines para los que fue contratada, o que ya ha sido pagada varias veces. Luego de definir adecuadamente el criterio de sustentabilidad y lo que es deuda ilegítima, un Tribunal Internacional, imparcial y transparente, debería decidir la deuda a pagar, la capacidad de pago y modo de pago de los países endeudados. Cabe indicar que en estos momentos, no existe dicho tercero imparcial y los países endeudados tienen que acudir al FMI, es decir, al representante de los acreedores.

Por otro lado, mientras los países latinoamericanos deben y transfieren ingentes cantidades de recursos al primer mundo, lo cual impide su desarrollo, al mismo tiempo, los países de la cuenca amazónica constituyen el pulmón del planeta, pulmón sin el cual la vida en la tierra se extinguiría. Sin embargo, por ser el aire puro un bien de libre acceso, nuestros países no reciben la justa compensación por el servicio que generan. Con dichos fondos, se podría pagar a los acreedores de los países endeudados generadores de medio ambiente, sin comprometer el desarrollo de estos últimos, dentro de una lógica no de caridad, sino de estricta justicia.

Disminuir dependencia y vulnerabilidad a través de la integración regional: El Banco del SUR.
Por otro lado, los países latinoamericanos ni siquiera necesitarían de una condonación de deuda, sino de una adecuada reestructuración y financiamiento de la misma. De hecho, en el caso de Ecuador, la transferencia neta con los organismos internacionales es negativa, es decir, en general es más lo que paga que lo que recibe de estos organismos. Es claro que no se puede hablar de ayuda para el desarrollo mientras esta situación continúe. Con la nueva política económica, Ecuador comenzará a independizarse de los organismos internacionales representantes de paradigmas e intereses extranjeros, más aún cuando los créditos multilaterales y el financiamiento en general, son las nuevas formas de subordinar a nuestros países.

Por otro lado, al mismo tiempo que los países latinoamericanos buscan financiamiento, la región tiene centenas de miles de millones de dólares en reservas invertidos en el primer mundo, lo cual constituye un verdadero absurdo. Por ello, el traer esas reservas a la región, juntarlas y administrarlas adecuadamente en un Banco del SUR, es decir, el inicio de una gran integración financiera, más que un imperativo económico, constituye un imperativo del sentido común y de soberanía. Para ello, por supuesto, deberá acabar ese sin sentido técnico de la autonomía de los bancos centrales, que, a espaldas de nuestros países, envían nuestras reservas fuera de la región.

El trabajo humano.
Como dice la encíclica Laboren Exercem de Juan Pablo II, el trabajo humano no es un factor más de producción, sino el fin mismo de la producción. Sin embargo, el neoliberalismo redujo al trabajo humano a un simple instrumento más que hay que utilizar o desechar en función de las necesidades de acumulación del capital. Para esto, se generalizaron en América Latina formas de explotación laboral bastante bien disfrazadas con eufemismos como "flexibilazación laboral", "tercerización", "contratos por horas", etc . Cabe indicar que, de acuerdo a múltiples estudios, esta "flexibilización laboral" ha sido una de las reformas que menos resultados ha dado en la región, sin que exista con ella mayor crecimiento, pero sí una mayor precarización de la fuerza laboral, y con ello, mayor desigualdad y pobreza. Pero incluso si la flexibilización hubiere dado resultado, no podemos rebajar la dignidad del trabajo humano a una simple mercancía. Ya es hora entiender que el principal bien que exigen nuestras sociedades es el bien moral, y que la explotación laboral, en aras de supuestas competitividades, es sencillamente inmoral. Uno de las principales razones para la explotación laboral ha sido la falacia de la competencia . Este es un principio ya bastante cuestionado entre agentes económicos al interior de un país, pero es un verdadero absurdo entre países, donde debe primar la lógica de la cooperación, de la complementaridad, de la coordinación, del desarrollo mutuo. Esta globalización neoliberal, inhumana y cruel, que nos quiere convertir en mercados y no en naciones, que nos quiere hacer tan solo consumidores y no ciudadanos del mundo, es muy similar en términos conceptuales al capitalismo salvaje de la Revolución Industrial, donde antes de que, por medio de la acción colectiva, las naciones lograsen en su interior leyes de protección laboral, la explotación no tuvo límites. Ya es hora de que, en la búsqueda de una nueva forma de integración que supere la visión puramente mercantilista, nuestros países adopten una legislación laboral regional, que recupere la centralidad del trabajo humano en el proceso productivo y en la vida de nuestras sociedades, y que evite este absurdo de competir deteriorando las condiciones laborales de nuestra gente. En todo caso, en Noviembre 26 del 2006, se firmó también la partida de defunción de la explotación laboral en el Ecuador, y sobretodo de esa farsa llamada "tercerización".

Eje IV La Revolución en Educación y Salud.
En cuanto a nuestro IV Eje, la revolución en las políticas sociales, partiremos del principio de que la inversión en el ser humano, además de ser un fin en sí mismo, constituye la mejor política para un crecimiento de largo plazo con equidad. Sin embargo, Ecuador es uno de los cinco países latinoamericanos con menor inversión social por habitante, siendo su gasto social per cápita aproximadamente la cuarta parte del promedio de la región. Es necesario, entonces, revertir esta situación, para lo cual se requiere liberar recursos de otras áreas, y básicamente del insoportable peso de la deuda externa. Por ello, iremos a una renegociación soberana y firme de la deuda externa ecuatoriana, y, sobretodo, de las inadmisibles condiciones que nos impusieron en el canje del año 2000.

No obstante lo anterior, los países exitosos no solo han tenido un alto capital humano, sino que también han sido sociedades motivadas, con energías intrínsecas, mirando juntos hacia los mismos objetivos, socialmente cohesionados, conjunto de características que se conocen como "capital social".

Lamentablemente, en las últimas décadas es claro el deterioro del capital social del Ecuador, fenómeno que en gran medida puede ser vinculado a una estrategia de desarrollo basada en el individualismo de mercado y a los programas de estabilización y ajuste estructural frecuentemente diseñados en función del cumplimiento de compromisos externos, obviando los grandes compromisos nacionales y de esta forma fracturando la cohesión social .

En consecuencia, nuestra política económica integrará explícitamente sus efectos sobre el capital humano y social, considerando su preservación como fundamental para el desarrollo y por encima de temporales y muchas veces aparentes logros económicos. En este sentido, la política social debe ser diseñada como una parte fundamental de la política económica, y no simplemente con un criterio asistencialista y como remiendo de esta última.

Otro costo desgarrador de la crisis: La Emigración Ecuatoriana.
Sin duda, el mayor costo del fracaso del modelo neoliberal y la consiguiente destrucción de empleo, ha sido la migración. En la historia política de América, una de las práticas más aberrantes fue la del destierro, que se inició con los mitimaes, en transplantes forzosos de comunidades que fueron disgregadas de su entorno original. La migración supone precisamente este tipo de ofensas a la humanidad, de desarraigos y desgarramientos familiares. Los exiliados de la pobreza, en nuestro país, suman millones, y, paradójicamente, son quienes, con el sudor de su frente, han mantenido viva la economía a través del envío de remesas, mientras los privilegiados despachan el dinero hacia el exterior. Solamente la banca ecuatoriana tiene cerca de dos mil millones de dólares de ahorro nacional depositados en el extranjero, en nombre, según su particular visión, de supuestas prudencias, eufemismo que disfraza su falta de confianza y compromiso con el país. Que a todos les quede claro: a este país lo mantienen los pobres.

Un agravante a esta situación consiste en que los millones de inmigrantes, pese a su esfuerzo de Patria y a sostener en gran parte la economía del país, ni siquiera tienen representación política. Esta situación inadmisible se empezará a corregir desde la próxima Asamblea Nacional Constituyente, donde habrá tres asambleístas por parte de esa Quinta Región del país: los hermanos migrantes. De igual manera se dará a los migrantes representación legislativa permanente, y se creará la Secretaría Nacional del Migrante, con rango de ministerios, para velar eficazmente por el bienestar de nuestros hermanos en el extranjero y de sus familias en la nación.

Sectores vulnerables de la sociedad
Otro sector de enorme vulnerabilidad en nuestra sociedad es el de la población carcelaria. Existe en ese laberinto de culpabilidad una suerte de ciego rumor del que emergen dolor, soledad y desamparo. Las leyes impuestas en los años noventa en la América Latina suponen que el problema de la droga solo tiene una salida: la represión, y aquel concepto, muchas veces agenciado por lacayos, impuso condenas aún más severas que las aplicadas a delitos contra la vida. Esas sentencias, para hacer méritos ante patrones extranjeros, jamás consideraron la naturaleza de la infracción, y, como consecuencia de ello, nuestra población carcelaria, en un alto porcentaje, no tiene rostro delincuencial, sino caras de madres solteras, de jefes de familia empobrecidos, de jóvenes sin trabajo, forzados por la miseria a transportar unos cuantos gramos de droga, por los que sufren penas de reclusión de 8, 12, 16 años. A esa población carcelaria no la olvidaremos. Como jamás podremos olvidar a las internas de la tercera edad sentenciadas por quienes quieren quedar bien con los patrones; a los extranjeros que se pudren en un suelo ajeno; a los niños que viven el calvario de pérdida de libertad de sus padres. No los olvidaremos.

Discriminación.
De igual manera lucharemos contra la discriminación en todas sus formas, sobretodo la de género y étnica. Aunque todavía nos falta mucho por hacer, ya hemos dado los primeros pasos al contar por primera vez en la historia con un gabinete donde más del 40% de sus miembros son mujeres, así como al tener el primer ministro afroecuatoriano de la historia del país, nuestro entrañable poeta Antonio Preciado.

Grupos más vulnerables.
Finalmente, no nos olvidamos de los niños de las calles, del trabajo infantil, de las madres solteras, de los enfermos terminales, de los discapacitados, y de tantos grupos postergados de nuestra sociedad. Para ellos, se creará la Secretaría de Solidaridad Ciudadana, a cargo de ese extraordinario hombre, patriota y compañero de lucha, nuestro Vicepresidente Lenín Moreno.

Eje V: rescate de la dignidad, soberanía y búsqueda de la integración latinoamericana.
Ecuador se integra desde hoy y de manera decidida a la construcción de la Gran Nación Sudamericana, aquella utopía de Bolívar y San Martín, que, gracias a la voluntad de nuestros pueblos, verá la luz, y, con sus centellas históricas será capaz de ofrecer otros horizontes de hermandad y fraternidad a los pueblos sudamericanos, pueblos justos, altivos, soberanos.

Cuando hace medio milenio los primeros europeos llegaron a las tierras que hoy se conocen como América, encontraron un paraíso donde los seres humanos vivían armónicamente con la naturaleza. Por miles de años, tribus, pueblos y civilizaciones fueron construyendo un mundo en el que la Paccha Mama, la madre tierra era respetada, porque era la madre primaria, la madre de todas las madres. Tres siglos de conquista y de colonia marcaron para siempre a los hombres y a la tierra americana.

Hace mas de dos siglos surgen los próceres, indígenas, negros, blancos y mestizos. Son los hijos del sol y la razón, en la que se destaca el médico, el precursor, el hombre universal, Eugenio Espejo, que representa el despertar primero de esta América insurgente.

Miranda consolida el pensamiento en propuesta estratégica y Simón Rodríguez entiende que las repúblicas sin republicanos se convertirán en simples republiquetas, como hoy, cuando parafraseamos al maestro y decimos: una nación sin ciudadanos no es una nación.

Por esos años, un 10 de Agosto de 1809, la llama se enciende en Quito, conocida desde entonces como Luz de América. Esa generación insumisa fue exterminada por los colonialistas, pero sería un hombre, único y genial, quien habría de emprender, desde Caracas, la heroica lucha de la independencia americana, acompañado de Manuela Sáenz, que tejió su bandera revolucionaria con retazos de amor, de talento y de decisión sublime.

Había un solo camino y Bolívar lo comprendió al condicionar nuestro destino común a la creación de "Una Nación de Repúblicas hermanas". Doscientos años han pasado sin que el sueño bolivariano pueda concretarse. ¿Tendremos que esperar doscientos años más para lograrlo? Recordando al propio Bolívar, cuando los temerosos y los pusilánimes le reclamaban su vehemencia por la causa de la independencia americana y le decían que había que esperar, el joven y futuro Libertador les respondió, ¿es que trescientos años de espera no son suficientes? Y años más tarde, el gran poeta Pablo Neruda, invocaba al Libertador, al decir:

Yo conocí a Bolívar una mañana larga
En la boca del Quinto regimiento
Padre, le dije
Eres o no eres o quién eres
Y mirando el cuartel de la montaña dijo
Despierto cada cien años cuando despierta el pueblo

Y fue 100 años después de la gesta libertaria bolivariana que volvió a despertar el pueblo, liderado por el General Eloy Alfaro -discípulo de Montalvo y amigo de Martí-, para quien "en la demora estaba el peligro". Ahora, a los cien años de última Presidencia de Alfaro, nuevamente ese despertar es incontenible y contagioso. Solamente ayer, en el páramo de Zumbahua, con nuestros hermanos indígenas, se repetía aquel coral rebelde y cívico que inunda las calles de América: "Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina"

Ahora nos toca a nosotros, Señores Presidentes. Los pueblos no nos perdonarán si no logramos avanzar en la integración de Nuestra América, para usar la entrañable concepción de Martí. Por esta historia de sueños compartidos, el gobierno ecuatoriano manifiesta a sus hermanos su compromiso profundo con la integración de nuestros pueblos. Esperamos el regreso de Venezuela a la CAN, para que junto al Mercosur, a Chile, Surinam y Guayana, se concrete lo antes posible la institucionalización de la Comunidad Sudamericana y las acciones sociales, culturales, económicas y políticas tan enunciadas y ofrecidas en palabras se hagan carne y realidad.

El gobierno del Ecuador, como ustedes lo conocen ya, Señores Presidentes y representantes de los países sudamericanos, ofrece a Quito, Luz de América, como un espacio para la reflexión y construcción de la Comunidad Sudamericana. Que la futura Secretaría Permanente se instale en tierras ecuatorianas, si ustedes señores presidentes lo consideran oportuno y conveniente..

Hagamos honor al sacrificio de los próceres y libertadores y al clamor de nuestros pueblos para que Sudamérica se convierta en ejemplo ante el mundo de una Gran Nación Sustentable de Repúblicas Hermanas, para el bien nuestro y ejemplo para toda la humanidad.

DESPEDIDA.-
Queridos ecuatorianos y ecuatorianas: Llegó la hora. No hay que temer miedo. Aquel que caminó sobre la mar y calmó tempestades, también nos ayudará a superar estos difíciles pero esperanzadores momentos. NO NOS OLVIDEMOS QUE EL REINO DE DIOS DEBE SER CONSTRUIDO AQUI, EN LA TIERRA. PIDAN POR MI PARA QUE EL SEÑOR ME DE UN CORAZON GRANDE PARA AMAR, PERO TAMBIEN FUERTE PARA LUCHAR. MARTIN LUTHER KING DECIA QUE SU SUEÑO ERA VER UNA NORTEAMERICA DONDE BLANCOS Y NEGROS PUEDAN COMPARTIR ESCUELA, LA MESA, LA NACION. MI SUEÑO, DESDE LA HUMILDAD DE MI PATRIA MORENA, MI SUEÑO ES VER UN PAIS SIN MISERIA, SIN NIÑOS EN LA CALLE, UNA PATRIA SIN OPULENCIA, PERO DIGNA Y FELIZ.

Una Patria amiga, repartida entre todos. Ahora, con el corazón les repito: jamás defraudaré a mis compatriotas, y consagraré todo mi esfuerzo, con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y de Alfaro, a luchar por mi país, por esa Patria justa, altiva y soberana, que todos soñamos y que todos merecemos .

Dios bendiga al pueblo ecuatoriano. Mashikuna

Ñami punchaka chayashka

Shuk shikan, mushk llaktata shaychinaka usharinmari

Ñukanchik gobiernoka tukuy runakunapa gobiernomi kanka.

Pi mana ñukanchikta atinkakunachu.

¡Apunchik ñukanchik llaktata bediciachun!

Iniciativa de Ley de Precios Competitivos

http://www.gobiernolegitimo.org.mx/documentos/iniciativa_de_ley.doc

A los Coordinadores Parlamentarios del
Frente Amplio Progresista del
Honorable Senado de la República
P r e s e n t e


Por su digno conducto, someto a la consideración de los legisladores del Frente Amplio Progresista del Honorable Senado de la República, la Iniciativa de Ley de Precios Competitivos.

Para tales efectos, se expresan a continuación los motivos que sustentan esta Iniciativa de Ley, en los términos siguientes:

Sabido es que el monopolio ha existido en casi todos los periodos de la civilización y desde hace más de cuatro siglos es combatido por las leyes de muchos países. Las leyes y prohibiciones a dicha figura o a las prácticas monopólicas han surgido como respuesta en cada país a los abusos y a la complacencia del poder público frente al enriquecimiento de unos cuantos que reciben privilegios generalmente del Estado para realizar ventas o actividades que están restringidas a otros. Esto ha derivado en precios altos y en daños incalculables a la economía de los consumidores.

En los anales históricos de la protección de los diversos países a las prácticas de esta naturaleza se ha distinguido a aquél que surge de negociaciones privadas y no solamente al generado por la autoridad soberana. Así, se crearon prohibiciones a ciertas prácticas y negocios en circunstancias que dieran lugar a la presunción de que esos negocios no eran el ejercicio honesto de un derecho para realizar contratos para el beneficio del emprendedor sin implicar motivo de dañar a otros, sino que eran la consecuencia de un contrato o negociaciones de tal carácter que dieran lugar a la presunción de un intento de daño a otros a través, por ejemplo, del incremento monopolista de precios.




Es sabido pues, que entre los efectos de las prácticas monopólicas está el del aumento injustificado de precios, el acaparamiento de los mercados o la insana participación de unos cuantos en los mercados nacionales.

En nuestro país los abusos de precios son flagrantes. La mayoría de las grandes empresas (mexicanas o con participación de capitales extranjeros) han originado su riqueza con base en productos o servicios que venden en México a precios altos, en comparación con los precios internacionales de los mismos productos o servicios, sin hacer hincapié en las funestas consecuencias sociales que ocasionan.

Aunado a lo anterior, dichas empresas acumulan poder de mercado a través de su potencial económico y obtienen influencia suficiente en las políticas públicas de México, propiciando actos de corrupción con la finalidad de obtener derechos exclusivos o derechos que cualquier otro competidor no puede obtener para realizar ciertas actividades y vender productos o servicios, impidiendo así la entrada de nuevos oferentes, los cuales serían sus potenciales competidores.

En una clara contradicción con la complacencia gubernamental para tolerar precios altos en sectores privilegiados, la política pública ha sido, desde mediados de los 80s, forzar a la industria mexicana a ofrecer precios similares a los de los competidores internacionales. Esta política se ha materializado con la eliminación de los aranceles a la importación de casi todos los bienes de la Tarifa del Impuesto General de Importación, o bien, en su reducción significativa. La misma política se ha apoyado con la firma de tratados de libre comercio firmados por México con 43 países.

No obstante, la economía nacional ha estado impedida de crecer a tasas conmensurables con su potencial desde principios de los 80s, coincidiendo con el periodo en el cual se llevó a cabo la liberalización de casi todas las importaciones (en ese periodo, entre 1983 y 2006, la economía tan sólo creció en 2.5% cada año, lo que hizo que el ingreso por habitante no aumentara más que medio punto porcentual por año), debido, entre otras razones, a privilegios fiscales y a condiciones no competitivas del mercado. La estrategia gubernamental de una rápida apertura a las importaciones en general, pero al mismo tiempo, de otorgar privilegios a otros agentes económicos de grandes capacidades, protegiéndolos contra toda competencia, fue una causa fundamental de dicho estancamiento.

Dicha política comercial ha privilegiado a grupos económicos poderosos, mismos que al buscar mantener y luego extender sus privilegios lograron imponer estructuras de precios altos en sectores de la economía que son claves para el desarrollo. Impidieron así que la mayoría de empresas que ya eran amenazadas por la competencia extranjera dispusieran de bienes y servicios a precios competitivos. Con el paso del tiempo, esos grupos poderosos influyeron en las decisiones del Estado mexicano y en el diseño de las políticas públicas, haciendo cada vez más difícil la remoción de barreras a la libre competencia y, por lo tanto, cancelando oportunidades para nuevas empresas y empresarios. A la larga, impidieron a la economía crecer y generar empleo.

De esta forma, la economía tiene hoy a una mayoría de industrias forzadas a competir con proveedores extranjeros, y por otra parte una minoría de grandes empresas en industrias y servicios que cargan precios altos y que no son forzadas a competir con el extranjero. Las diferencias entre ambos hacen de nuestro sistema económico, un sistema disfuncional e ineficiente en la medida que no puede proteger a la población menos privilegiada económicamente y soslaya sus condiciones de progreso.

Menester es mencionar que otro grave perjuicio de la situación antes apuntada, yace en la muy escasa capacidad económica de las familias mexicanas (tanto de las clases populares como de la clase media emergente), la cual se ve menoscabada permanentemente por la disminución del poder adquisitivo que generan dichas empresas, a través del establecimiento unilateral de precios exagerados en la venta de bienes y servicios y que a menudo, recaen en aquellos de primera necesidad. El salario, per se castigado por décadas de políticas macroeconómicas de ajuste, ha sufrido hasta hoy una pérdida real que resulta innecesaria, toda vez que obedece a condiciones de carestía que son fácilmente corregibles, siempre que las autoridades competentes así lo decidan y el marco jurídico se ajuste a dicha protección.

En la medida en que cualquier industria, servicio o simple consumidor mexicano es un cliente cautivo de esas grandes empresas, debe pagar precios más altos que los que pagaría en otros países. Incurre así en mayores costos y, en consecuencia, no puede competir y no puede desarrollarse y crear empleo y tecnología, como lo hacen muchas otras empresas en el mundo, con la evidente crisis de empleo que vive nuestro país.


El sesgo de desigualdad entre sectores económicos y privilegios ha causado graves daños a la economía en su conjunto y de manera tangible a empresas y consumidores. Al hacer a un gran número de empresas incapaces de competir con los proveedores extranjeros y al inhibir a individuos a desarrollar todo su potencial, los ha condenado al ocio y a la subocupación.

Aun cuando muchas empresas y servicios hayan sobrevivido en estas condiciones y logren competir en algunos segmentos del mercado con proveedores extranjeros, la realidad es que los precios más altos que pagan por insumos o servicios reduce su tasa de rendimiento y así les resta capacidad para financiar nuevas inversiones. A los consumidores que pagan igualmente precios altos, les reduce su capacidad de adquirir otros bienes o de ahorrar. En otras palabras, una parte de las utilidades que legítimamente podrían obtener las empresas de menor tamaño, o del ahorro que sería posible para los consumidores, son transferidas en forma de precios altos a las grandes empresas. Eso obliga a las pequeñas industrias a operar muy por debajo de su potencial y a los consumidores los obliga a reducir su consumo en un esfuerzo por hacer que su dinero alcance; mientras tanto, las grandes empresas privilegiadas, en cambio, florecen en la prosperidad.

Otro fenómeno que se ha observado como consecuencia de lo anterior, es el de la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores. En muchas ocasiones, las empresas desfavorecidas, para poder mantenerse en operación, deben reducir los salarios que pagan a sus empleados, lo que, al multiplicarse en toda la economía, reduce el salario promedio de todos los trabajadores, el consumo promedio de las familias, y el ahorro.

El artículo 28, primero y segundo párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe en forma expresa los monopolios y las prácticas de empresas tendientes a establecer “precios exagerados”, en los términos siguientes:

En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.




En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga por objeto obtener el alza de los precios; todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales, comerciantes o empresarios de servicios, que de cualquier manera hagan, para evitar la libre concurrencia o la competencia entre sí, y obligar a los consumidores a pagar precios exagerados y, en general, todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas y con perjuicio del público en general o de alguna clase social.

Por su parte, la Ley Federal de Competencia limita las posibilidades de las empresas para realizar acciones monopólicas. La Comisión Federal de Competencia ha combatido estas prácticas, en algunos casos con éxito. Sin embargo, en casos muy importantes ha fracasado, al enfrentarse al enramado burocrático o jurisdiccional, sobre el carácter de las empresas o de sus acciones, sin siquiera aproximarse al asunto mismo de los precios exagerados o del daño material a los consumidores. Aun cuando es muy probable que la Comisión haya logrado frenar prácticas que en muchos casos habrían resultado en precios exagerados, es evidente también que después de trece años de haberse creado esta Comisión, no se ha logrado un equilibrio de mercado en cuanto a los precios, que es lo verdaderamente importante para la eficiencia de la economía y el bienestar de usuarios y consumidores.

Es sabido que el abuso de los mecanismos de defensa de las grandes empresas, aunado a las deficiencias del marco jurídico, han logrado dilatar cualquier acción correctiva o consecuencia lógica de las resoluciones de la Comisión Federal de Competencia, sin siquiera haber llegado a cuestionar los precios exagerados o las terribles consecuencias a la ciudadanía.

Por lo antes expuesto, una Ley de Precios Competitivos que enfrente precios exagerados en el mercado es deseable y necesaria. Por ello, se plantea un mecanismo complementario al marco jurídico de regulación de la competencia, a través de la Ley que aquí se propone a ésta H. Cámara de Senadores, que oriente de manera eficaz una política pública en contra de los precios exagerados a partir del fundamento constitucional del artículo 28.


Es necesario y deseable, para dar máxima eficacia e independencia a la labor de observación objetiva de los precios en el mercado y a la labor de juzgar y decidir sobre las medidas correctivas o las sanciones a que haya lugar, que esta labor y esas medidas y sanciones operen en un ámbito distinto e independiente del ámbito de la Ley Federal de Competencia y de la Comisión Federal de Competencia. Como lo indica la experiencia de otros países que exitosamente han combatido los abusos de precios, distintas leyes y distintas comisiones son posibles y necesarias a fin de asegurar la independencia de criterios de reguladores que observan situaciones distintas, no siendo técnicamente óptimo ni deseable que un solo organismo analice y califique simultáneamente las situaciones de prácticas y conductas de las empresas con la situación objetiva de los precios competitivos, entre otras razones, para evitar cualquier posible conflicto de interés del regulador al considerar ambas situaciones.

Como se podrá observar, los efectos económicos de esta ley sobre los precios del mercado son viables, deseables y consistentes con las reglas de una economía de mercado eficiente y con una visión de protección social que garantice el sano desarrollo de la economía nacional.


Iniciativa de Ley

LEY DE PRECIOS COMPETITIVOS


Artículo 1°. La presente Ley es reglamentaria del artículo 28 Constitucional en materia de regulación de mercados para evitar la exageración de precios, es de observancia general en toda la República y aplicable a todas las áreas de la actividad económica.

Será aplicable supletoriamente la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Artículo 2°. La presente Ley tiene por objeto:

I.- Establecer mecanismos que logren mantener un sano equilibrio en la determinación de precios en los mercados relevantes de bienes y servicios, con la finalidad de contribuir a las condiciones competitivas del mercado nacional.


II.- Impedir la exageración en los precios por parte de las personas físicas o morales señaladas en el artículo 4° de esta Ley, que puedan constituirse o constituyan un poder sustancial en el mercado relevante que corresponda.

Artículo 3°.Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

a) Comisión.- Comisión Federal de Precios Competitivos.

b) Precio.- Valor pecuniario en que se estima un bien o servicio.

c) Precio con orientación competitiva.- Valor pecuniario con rangos mínimos y/o máximos establecidos por la Comisión.

d) Precio del mercado.- Valor pecuniario establecido por las variantes de la oferta y la demanda de los mercados relevantes a nivel nacional.

e) Exageración en los precios.- Diferencial en exceso de los precios de venta del mercado relevante nacional, en comparación con los precios más competitivos en los mercados de los Estados Unidos de América, Canadá y los países Centroamericanos.

f) Concentración.- Porcentaje determinado por la Comisión de las ventas domésticas de algún bien o servicio realizado por una empresa o productor y sus empresas filiales o subsidiarias, de un determinado producto o servicio considerando sus distintas variedades de presentación.

g) Empresas filiales o subsidiarias.- Todas aquellas otras empresas o entidades en las cuales una persona moral o sus accionistas principales poseen más del 5% del capital.

Artículo 4°. Están sujetas a lo dispuesto por esta Ley todas las personas físicas o morales, con o sin fines de lucro, dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier otro que por su actividad produzca o contribuya a la producción de bienes o servicios en la actividad económica del país, y que constituyan directa o indirectamente un poder sustancial en el mercado relevante que corresponda.


Los productores del Estado señalados en el artículo 28 Constitucional no estarán sujetos a las disposiciones de esta Ley, ni a las medidas y sanciones establecidas en la misma, excepto por lo señalado en el artículo 12 de esta ley.

Artículo 5º.- Para la determinación del mercado relevante, la Comisión deberá considerar los siguientes criterios:

I.- Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, tanto de origen nacional como extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas, en qué medida los consumidores cuentan con sustitutos y el tiempo requerido para tal sustitución;

II.- Los costos de distribución del bien mismo; de sus insumos relevantes; de sus complementos y de sustitutos desde otras regiones y del extranjero, teniendo en cuenta fletes, seguros, aranceles y restricciones no arancelarias, las restricciones impuestas por los agentes económicos o por sus asociaciones y el tiempo requerido para abastecer el mercado desde esas regiones;

III.- Los costos y las posibilidades que tienen los usuarios o consumidores para acudir a otros mercados; y

IV.- Las restricciones normativas de carácter federal, local o internacional que limiten el acceso de usuarios o consumidores a fuentes de abasto alternativas, o el acceso de los proveedores a clientes alternativos.

Artículo 6º.- Para determinar si una persona tiene poder sustancial en el mercado relevante, la Comisión deberá considerar:

I.- Su participación en dicho mercado y si puede fijar precios unilateralmente o restringir el abasto en el mercado relevante sin que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder;

II.- La existencia de barreras a la entrada y los elementos que previsiblemente puedan alterar tanto dichas barreras como la oferta de otros competidores;

III.- La existencia y poder de sus competidores;





IV.- Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a fuentes de insumos;

V.- Su comportamiento reciente; y

VI.- Los demás criterios que se establezcan en el reglamento de esta ley.

Artículo 7°. Serán bienes o servicios sujetos a precios con orientación competitiva:

a) Los concesionados por el Estado;

b) Aquellos en manos de particulares que requieran para operar cualquier tipo de autorización o licencia del Estado;

c) Los artículos de consumo necesario e insumos para la producción cuando se originen en mercados en los que el 50% o más de la producción esté concentrada en cuatro o menos oferentes; y

d) Aquellos que aún sin estar concesionados, licenciados o autorizados por el Estado, se requieran para la producción, elaboración o comercialización de los bienes o servicios contemplados en los incisos a), b) y c) de este artículo.

Para la determinación de los bienes o servicios a que alude el presente artículo se tomará en cuenta el propósito principal de éstos, aunque en un determinado mercado puedan ofrecerse muchas de sus modalidades, con variaciones de color, dimensión, forma, modelo, características técnicas o cualquier otra distinción.

Artículo 8°. La Comisión establecerá de forma anual o cuando lo estime necesario, los precios con orientación competitiva tomando en cuenta cualquiera de los siguientes factores:

a) Los precios al consumidor;







b) Los costos normales de producción entendidos éstos como la suma de costos de materias primas utilizadas en el producto, costos de mano de obra directa, la depreciación de activos a la tasa anual conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados en México, sin que se reconozca la depreciación acelerada de activos, así como cualquier otro cargo fijo o variable inherente al proceso de producción física del bien o servicio

c) La situación de la oferta y la demanda del mercado nacional, y de los mercados de los Estados Unidos de América, Canadá y los países Centroamericanos;

d) Las políticas competitivas pertinentes;

e) Los precios de productos o servicios afines cuando haya lugar;

f) La importancia en el mercado relevante y el poder sustancial que en el mismo ejerzan quienes estén sujetos al establecimiento de precios con orientación competitiva;

g) El grado de concentración de las ventas en el mercado relevante de que se trate;

h) El Índice Nacional de Precios al Consumidor del periodo que resulte aplicable;

i) El porcentaje de la tarifa promedio ponderada a la importación de bienes prevaleciente en el momento, así como el porcentaje de la tarifa aplicable a los productos o insumos necesarios para la producción en México de los bienes o servicios de que se trate;

j) El tipo de cambio de los precios, bienes, productos o insumos a que haya lugar en el periodo que resulte aplicable;

k) Los riesgos que corre la economía de que se establezcan poderes sustanciales en el mercado y precios exagerados; y





l) Las circunstancias objetivas nacionales e internacionales que a juicio de la Comisión merezcan ser atendidas para estos efectos, incluyendo la existencia de prácticas comerciales desleales en el exterior.

Los parámetros serán tomados por la Comisión de las listas que emita el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las Instituciones de Servicio Financiero, los Estados Financieros de las empresas involucradas, la Secretaría de Economía o de cualquier otra fuente que les refleje.

La Comisión deberá tomar en cuenta los precios netos, es decir, libres de todo impuesto de ventas, impuestos especiales, aranceles o tasas.

Artículo 9°. Se considera que existe exageración de precios cuando cualquiera de las personas contempladas en el artículo 4º de esta Ley, ofrezca bienes o servicios a un precio que sea superior al 10% del precio competitivo, según el Artículo 3º, párrafo e), arriba citado o bien a los precios con orientación competitiva que fije la Comisión de acuerdo con el artículo anterior.

Artículo 10°. La Comisión revisará anualmente o en cualquier momento, que los precios de mercado y los precios con orientación competitiva se ajusten a las disposiciones de la presente Ley. Esta revisión se hará de oficio o a petición de cualquiera agrupación de productores o consumidores ya constituida o que se constituya legalmente con el propósito de hacer cumplir esta Ley, o bien, a petición de cualquier entidad de la administración pública federal, estatal o municipal.

La Comisión analizará oportunamente aquellos casos en los que el porcentaje de la tarifa a la importación de algún conjunto de bienes o insumos necesarios para la producción, sea estadísticamente superior en grado significativo al porcentaje promedio ponderado de la tarifa de importación, de tal manera que impida al productor nacional ofrecer precios competitivos, para ajustar su criterio en lo que corresponde a ese bien.







Igualmente, la Comisión analizará si la producción del bien o servicio afectado por exageración de precios proviene de un mercado en el cual hay una concentración de las ventas o de la oferta del 50% o más en los principales cuatro oferentes.

Artículo 11. Cuando exista exageración de precios, la Comisión determinará la aplicación de una o más de las siguientes medidas:

1- Ordenar a los sujetos que incurran en exageración de precios que corrijan esa exageración y disminuyan los precios de los bienes y servicios dentro de territorio nacional, en los términos y condiciones que se determinen en la resolución respectiva.

2- Ordenar a la Secretaría de la Función Publica que proceda en términos del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a efecto de que todas las dependencias y entidades del gobierno federal, tanto centralizado como paraestatal, queden impedidas para contratar con las personas que incurran en exageración de precios. Esta limitación será aplicable al Poder Legislativo y al Poder Judicial.

3- Ordenar a las autoridades competentes que se permita la importación de productos alternativos, siempre que cumpla con el pago de las contribuciones que correspondan.

4- En los casos de servicios, con la finalidad de mantener o promover la competitividad y el empleo nacionales, ordenará a las autoridades competentes el otorgamiento de autorizaciones, licencias o concesiones a nuevos prestadores de servicios, sean nacionales o extranjeros, así como su inmediato acceso a los mercados como oferentes.

5- Ordenar la publicación en los tres diarios impresos de mayor circulación en el país, en los dos medios electrónicos más importantes y en las cinco estaciones de radio de mayor audiencia, al menos dos veces por mes, el diferencial de precios que haya determinado, con el fin de dar a conocer al consumidor la exageración de precios.






6- En los casos en que el bien o servicio se anuncie en televisión, sea abierta o restringida, ordenará tanto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como a la Secretaría de Gobernación que se implementen la medidas necesarias a efecto de que, inmediatamente después del anuncio del bien o del servicio de que se trate, se haga la mención expresa sobre la exageración de precios, con la finalidad de que el consumidor conozca tal circunstancia de forma inmediata.

7- Recomendar a las entidades federativas y a los municipios del país, la revocación, cancelación o suspensión de las concesiones, licencias o autorizaciones que hubiese otorgado a los sujetos acusados de haber incurrido en exageración de precios.

8- Recomendar a las entidades federativas y a los municipios del país, se abstengan de contratar con las personas a quienes se haya determinado dicha exageración.

Artículo 12. Tratándose de productos del sector energético como petróleo, electricidad, gas natural y cualesquiera otros en que los costos de producción nacional sean significativamente inferiores a los precios internacionales competitivos, los productores mexicanos deberán fijar el precio para la venta en el territorio nacional tomando en consideración el costo de producción, más un margen de beneficio razonable, sin consideración de los precios que de dichos bienes prevalezcan en el mercado internacional.

Cuando los bienes o servicios respecto de los cuales se determine exageración de precios sean ofrecidos en el extranjero, la Comisión podrá recomendar al Ejecutivo Federal la imposición de aranceles a la exportación, con el fin de eliminar desequilibrios en los mercados internacionales. Esta disposición será aplicable a los productos señalados en el párrafo anterior.

Artículo 13. La Comisión hará llegar su opinión a todas las entidades regulatorias que intervienen en las autorizaciones a oferentes de bienes o prestadores de servicios, y procederá a formular los proyectos de enmienda a las leyes y los reglamentos con ellos relacionados.




Cualquier autoridad o entidad regulatoria que retrase la consideración y el eventual otorgamiento de nuevas concesiones, permisos, licencias a prestadores de servicios en los casos de exageración en los precios, será considerada como infractora de esta Ley y coadyuvante en la exageración de precios, pudiéndosele sancionar en los términos de las leyes aplicables.

En el caso de violaciones por servidores públicos, la Comisión deberá enviar oficio debidamente fundado y motivado a la autoridad competente para que, de ser procedente, se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa a que hubiere lugar. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o de otra índole que pudiere existir.

Artículo 14. En los casos de reincidencia o contumacia, la Comisión ordenará a las autoridades competentes que se proceda en contra de las personas que incurran en exageración de precios, a efecto de que:

1. Se decrete la expropiación, requisa o aseguramiento de los bienes, insumos, activos, maquinaria e infraestructura por considerarse de interés público y para salvaguardar los intereses colectivos de la Nación.

2. Se resuelva la revocación, cancelación o suspensión, de las concesiones, licencias o autorizaciones otorgadas en su favor.

3. Se les aplique el artículo 50, fracción XIII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

4. Se solicite, por la vía judicial, la disolución de la persona moral de que se trate.

Se considera que existe contumacia cuando dentro del plazo de 15 días hábiles computados a partir del día siguiente de la notificación de las resoluciones respectivas, los sujetos infractores se nieguen o abstengan de acatar las órdenes de la Comisión para que corrijan o disminuyan la exageración de precios, emitidas en términos del artículo 11, fracción I de esta Ley.






Existe reincidencia cuando los sujetos infractores, dentro de los 10 años siguientes a la notificación de las resoluciones que determinen que ellos incurrieron en exageración de precios, sean de nuevo acusados con base en esta Ley, con independencia de que se trate de otro mercado relevante y con un distinto poder sustancial.

Artículo 15. Para efectos de lo previsto en los artículos 11 y 14, la Comisión deberá considerar la gravedad de la infracción, el daño causado, los indicios de intencionalidad, el poder sustancial del infractor en los mercados relevantes, el tamaño y la importancia de estos mercados, la duración de la exageración de precios, la reincidencia o antecedentes del infractor, así como su capacidad económica.

Artículo 16. Con independencia de lo establecido en los artículos 11 y 14, la Comisión demandará por la vía judicial el resarcimiento de daños o perjuicios que directa o indirectamente hayan sido ocasionados a la economía nacional, a aquellos a las personas que mediante resolución firme y definitiva hayan sido acusadas de haber incurrido en exageración de precios.

Artículo 17. Los sujetos que mediante resolución firme y definitiva hayan sido acusados de haber incurrido en exageración de precios, serán responsables del pago de daños y perjuicios, directos o indirectos, ocasionados a terceros por ese motivo. Estas acciones se deducirán antes lo tribunales de la federación que correspondan.

Artículo 18. Para la determinación de los precios con orientación competitiva y los demás artículos de esta Ley, se crea la Comisión Federal de Precios Competitivos, la cual estará dirigida por un Presidente, mismo que será designado por tres cuartas partes de la Cámara de Senadores o en su caso de la Comisión Permanente.

Además, la Comisión estará integrada por tres vocales que gozarán de irrefutable probidad y conocimientos técnicos en la materia. Además, cada uno de los vocales deberá tener una destacada participación en los siguientes sectores y dichos sectores deberán estar en todo momento representados en la Comisión:






a) En el ámbito académico; o

b) Como empresario en el sector de la pequeña o mediana industria o en la prestación de servicios; o

c) Como funcionario en algún organismo del Estado directamente relacionado con la regulación de la industria o con el comercio internacional.

La Comisión contará además con un Secretario.

Las decisiones de la Comisión se tomarán por mayoría simple de votos de Presidente y Vocales y en caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.

Las atribuciones de la Comisión, de su Presidente, Secretario y Vocales estarán determinadas en el Reglamento de esta Ley.

TRANSITORIO

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a los 60 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Presidente de la República estará obligado a expedir y publicar el Reglamento de esta Ley, precisamente en la fecha en que la misma entre en vigor.

TERCERO. La Comisión Federal de Precios Competitivos deberá estar constituida a más tardar 90 días después de la entrada en vigor de esta Ley


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Por lo anteriormente expuesto, por su digno conducto, me permito someter a la consideración del Honorable Senado de la República, la Iniciativa de Ley de Precios Competitivos antes detallada.






Reitero a ustedes, Coordinadores Parlamentarios del Frente Amplio Progresista del Honorable Senado de la República, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.







México, D. F. a 22 de noviembre de 2006




ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente Legítimo de México